Estudio Jurídico en Lima, Perú
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Brindamos asesoría y representación legal frente a la administración pública, defendiendo los derechos de ciudadanos y empresas en sus relaciones con el Estado.
El derecho administrativo regula la actividad de la administración pública y las relaciones entre esta y los particulares. En NLF Abogados contamos con abogados especializados en derecho administrativo que brindan asesoría integral en procesos contencioso-administrativos, licencias, impugnaciones, arbitraje público y responsabilidad del Estado. Nuestro objetivo es garantizar que los derechos de nuestros clientes sean respetados por las entidades del Estado y obtener las reparaciones correspondientes cuando existan actuaciones ilegales o arbitrarias.
Representamos a nuestros clientes ante el Poder Judicial en la impugnación de actos administrativos que vulneren sus derechos. Iniciamos procesos para la anulación o nulidad de resoluciones, la indemnización por daños y el cumplimiento forzado de obligaciones de la administración pública.
Asesoramos en la obtención de licencias de funcionamiento, licencias de construcción, autorizaciones sectoriales y permisos especiales. Si su solicitud ha sido denegada o está demorada injustificadamente, actuamos para defender sus derechos ante la entidad competente.
Cuando una entidad pública emite una resolución que afecta sus intereses, es posible impugnarla mediante recursos administrativos o procesos judiciales. Evaluamos los plazos, fundamentos y estrategia más adecuada para revertir la decisión administrativa.
Participamos como abogados de parte en procedimientos arbitrales derivados de contratos con el Estado, concesiones y otros vínculos jurídicos con entidades públicas. Nuestro equipo tiene experiencia tanto en arbitraje de derecho como en arbitraje de equidad.
El Estado puede ser responsable por los daños que causen sus funcionarios, por el funcionamiento anormal de sus servicios, por omisiones o demoras injustificadas, y por obras públicas defectuosas. Asesoramos a víctimas para obtener la indemnización que les corresponde.
Acompañamos a empresas en todos los stages del proceso de contratación pública: desde la preparación de posturas hasta la formalización del contrato y la resolución de controversias. Verificamos el cumplimiento de requisitos y defendemos los derechos de nuestros clientes en cada etapa.
Es un proceso judicial mediante el cual un particular impugna un acto o resolución administrativa que considera lesivo a sus derechos. Se interpone ante el Poder Judicial para que este revise la legalidad de la actuación de la administración pública.
El plazo general es de 3 meses contados desde la notificación del acto o resolución impugnada, conforme al artículo 217 del Código Procesal Civil. Sin embargo, existen plazos especiales según la materia, por lo que es fundamental consultar a un abogado lo antes posible.
Sí, es posible impugnar la denegatoria mediante recurso administrativo o proceso contencioso-administrativo. Nuestros abogados evalúan los fundamentos de la denegatoria y diseñan la estrategia legal más adecuada para revertir la decisión.
El Estado puede ser responsable por funcionamiento anormal de sus servicios, omisiones, demoras injustificadas, actos ilegales de sus funcionarios o por daños causados por obras públicas. Se puede demandar indemnización por daños materiales y morales.
El arbitraje es un mecanismo de solución de controversias utilizado principalmente en contrataciones con el Estado. Es obligatorio cuando las partes lo acuerdan o cuando la ley lo exige, como en contratos públicos que superan determinados montos. Nuestros abogados lo representan tanto en arbitrajes de derecho como de equidad.
